¿Advertencias de accesibilidad en Austria? Lo que las empresas europeas deben saber ahora mismo
Leer historiaLey Stanca (Ley 4/2004): la primera ley sobre accesibilidad digital en Italia.
Representa el primer paso concreto en Italia hacia un mundo digital más inclusivo, protegiendo el derecho de todos los ciudadanos a la accesibilidad sin barreras. A continuación, se detallan sus beneficios, quiénes deben cumplir con la normativa y cuáles son los requisitos técnicos.

Qué dice la Ley Stanca y por qué es importante.
La Ley Stanca, que lleva el nombre del exministro de Innovación y Tecnología, es la principal normativa italiana sobre accesibilidad digital. Promulgada el 9 de enero de 2004, se creó para garantizar la igualdad de acceso a los sitios web, aplicaciones y productos en línea de la Administración Pública para todos los ciudadanos, especialmente para las personas con discapacidad.
La Ley Stanca desempeña un papel fundamental, ya que fue una de las primeras normativas en Europa y en el mundo en introducir requisitos obligatorios para la accesibilidad digital, definida como «la capacidad de los sistemas informáticos, dentro de las formas y límites permitidos por el conocimiento tecnológico, de proporcionar servicios e información utilizables, sin discriminación, incluso por aquellas personas que, debido a discapacidades, requieren tecnologías de asistencia» (Ley 4 del 9 de enero de 2004). Esta ley consagra el mismo derecho que ahora está plenamente reconocido por la Ley Europea de Accesibilidad.
En un momento en que las barreras arquitectónicas aún se estaban eliminando gradualmente, la Ley Stanca introdujo obligaciones específicas para los servicios digitales públicos, promoviendo y ampliando el derecho a la inclusión más allá del entorno físico reconocido hasta entonces.
¿Quién está obligado a cumplir?
Originalmente, las obligaciones establecidas por la Ley Stanca se aplicaban únicamente a las administraciones públicas y entidades públicas, es decir, empresas con participación pública, organismos económicos públicos y concesionarios de servicios públicos. La Directiva europea 2016/2012 —la Directiva de Accesibilidad Web (WAD)— se transpuso en Italia mediante el Decreto Legislativo 106/2018, que modificó la Ley Stanca.
La Directiva sobre accesibilidad (WAD, por sus siglas en inglés) no solo afecta a las administraciones públicas, sino también a las grandes empresas privadas que prestan servicios públicos. Según la Circular n.º 3 de la AGID, de 20 de diciembre de 2022, y el Decreto Ley n.º 76/2020, las obligaciones de accesibilidad se extendieron a «otras personas jurídicas», concretamente a aquellas que «prestan servicios al público a través de sitios web o aplicaciones móviles con una facturación media superior a 500 millones de euros en los últimos tres años». Esto significa que el cumplimiento ya no se limita a las administraciones públicas, lo que supone una importante ampliación.
Requisitos técnicos de la Ley Stanca
La Ley Stanca exige a todas las entidades obligadas que hagan accesibles sus sitios web y aplicaciones digitales, garantizando que cada ciudadano pueda utilizar de forma independiente y completa los servicios públicos digitales. Esto incluye sitios web, portales temáticos, aplicaciones móviles, software, plataformas en línea y todos los documentos digitales publicados en línea, como formularios, archivos PDF, comunicaciones, etc.
La norma técnica a la que hace referencia la Ley Stanca, necesaria para que un producto digital sea reconocido como accesible, es la norma europea EN 301 549, que incorpora los principios de WCAG 2.1, las directrices que establecen que un producto digital debe ser perceptible, operable, comprensible y robusto.
Declaración de accesibilidad: obligaciones y plazos
La Ley Stanca exige que todas las entidades publiquen, cada año y a más tardar el 23 de septiembre, una declaración de accesibilidad: un documento público que explique de forma clara y verificable el nivel real de accesibilidad del producto digital al que se refiere la declaración.
Como ya se mencionó, la declaración de accesibilidad es obligatoria y sirve como herramienta para comunicar claramente el nivel de accesibilidad digital de un servicio. Además, permite que cualquier persona reporte posibles problemas de acceso.
La declaración de accesibilidad debe completarse exclusivamente a través del formulario en línea de AGID, indicando el estado de conformidad del producto (conforme, parcialmente conforme, no conforme), la lista de elementos no accesibles con su justificación, las acciones correctivas previstas, la información de contacto para informes o solicitudes y las referencias al Defensor del Pueblo Digital, responsable de salvaguardar los derechos digitales de los ciudadanos y las empresas.
¿Quién supervisa el cumplimiento, los mecanismos de retroalimentación y la protección del usuario?
La Agencia para la Italia Digital (AGID) es responsable de supervisar la correcta aplicación de la Ley Stanca, realizando evaluaciones en diferentes momentos y con distintos niveles de detalle. El papel de la AGID es especialmente importante, ya que también evalúa la calidad de las declaraciones de accesibilidad publicadas.
Además, los propios usuarios pueden enviar informes directamente a las Administraciones Públicas o entidades sujetas a la ley a través del mecanismo de comentarios incluido en la Declaración de Accesibilidad o en las secciones correspondientes del sitio web o la aplicación. Si la respuesta es insuficiente o inexistente, los usuarios pueden contactar con el Defensor del Pueblo Digital.
La Ley Stanca y la Ley Europea de Accesibilidad
Si bien la Ley Stanca concierne a las Administraciones Públicas y a todas las entidades que prestan servicios públicos, la Ley Europea de Accesibilidad, en vigor desde el 28 de junio de 2025, introduce requisitos de accesibilidad digital también para las entidades privadas que, en resumen, ofrecen productos y servicios a través de sitios web.
Desde 2004, la Ley Stanca sentó las bases para reconocer la accesibilidad no como una recomendación técnica, sino como un derecho inalienable, y sigue siendo uno de los pilares de la inclusión digital en Italia y Europa.
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